Barrios de Pie - Corrientes

Viernes, 16 de diciembre de 2005

Argumentos de los oradores (Momarandú)

El debate en la cámara Baja por el plan de manejo del Iberá reunió exposiciones de treinta y cuatro oradores, divididos entre quienes se expresan por el proyecto de Ecos y quienes se oponen.

Miguel Reynal, titular de la asociación Ecos, cuyo plan de manejo ambiental en los esteros recibió cuestionamientos, fue uno de los primeros en hablar.
Reynal dijo "que es un absurdo decir que el plan de manejo apunte a la expropiación" y agregó que se trata de una herramienta "participativa, que incluye una gestión abierta a la comunidad".
Por su parte, un asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de los principales financistas del proyecto de Ecos, explicó que la iniciativa surge de convenios internacionales suscritos por el país y , en este caso, a través de un acuerdo en el que participaron la provincia y la nación.
Otro de los oradores, el biólogo mercedeño Sebastián Cirignoli, señaló que la cuestión "no se trata de una disputa entre malos y buenos" y agregó que los productores "debieron haberse informado antes de criticar".
Pero destacó el plan de manejo ya que dijo entender que “cualquier reserva del mundo que se precie de tal lo tiene”. Aprovechó la oportunidad para exhibir fotos de obras construidas en el corazón del Iberá sin autorización del Gobierno.
A su turno, Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá de Mercedes (fundación que adquirió notoriedad con la campaña de defensa del arroyo Ayuí) manifestó estar a favor del plan como instrumento que permita la administración del recurso natural.
Sostuvo que hubieron sectores que “demonizaron” la propuesta y capitalizaron preocupaciones cuya validez no discutía pero que habían empleado métodos “oscuros” para obtener réditos. Dijo además que algunos políticos en el afán de lograr más votos se aferraron a la vulnerabilidad de la soberanía, “la cual jamás estuvo en duda”.
Por parte del terrateniente Douglas Tompkins habló la bióloga Sofía Heinonen. La profesional indicó que Conservation Land Trust (el nombre de la empresa del norteamericano) tiene el solo fin de restaurar áreas degradadas por las actividades pecuarias.
Se mostró a favor del cumplimiento efectivo de las leyes y abogó por la participación de los habitantes en un diálogo orientado por el Gobierno. Indicó que el empresario cuyas propiedades se encuentran en los esteros estaba dispuesto a ayudar a los pobladores que tuvieran problemas con los títulos de sus propiedades. “Queremos que la gente se sienta segura y pueda permanecer en sus hogares”.
Su participación fue abucheada por los presentes.
Por la tarde también Jorge Leconte, apoderado de Tompkins, hizo uso de la palabra. Destacó las mejoras que el terrateniente realizó en sus propiedades y que dijo benefician a los habitantes de la zona e incluso visitantes.
Relató que los trabajadores que cumplen funciones para el norteamericano reciben asistencia y controles médicos en forma regular, que se proporcionó energía a escuelas y se alambraron campos.
Negó versiones de un docente rural que denunció haber sido expulsado por Tompkins de un albergue educativo del campo y señaló que las quemas que se atribuían al terrateniente en El Socorro, una de sus estancias, no habían sido provocadas por ellos.
OPOSITORES
Quizás la intervención más aplaudida haya sido el mensaje del Obispado goyano, a cargo de Francisco Faifer, que se escuchó a través del delegado diocesano de la pastoral, Jorge Leiva. El prelado se dirigió a los legisladores y pidió "que interpreten el sentir del pueblo”y que “se respete la propiedad de los antiguos pobladores y de los pequeños productores".
En la misiva, el Obispo se refirió a la necesidad de poner en práctica campañas educativas sobre la preservación del medio ambiente, rechazó la extranjerización de la tierra, se pronunció a favor de que sean los correntinos los que manejen y conserven el medio ambiente e insinuó la posibilidad de reformar la Constitución para dar paso a normativas más específicas en la material.
Sobre el final, retomó algunos conceptos vertidos en el último documento de la Iglesia en el que se da cuenta de la crítica situación de los pobres, la dificultad de acceso a la tierra y la posibilidad de plantear una reforma agraria.
Héctor Courié, del grupo Iberá, defendió la producción arrocera en la zona y sostuvo que hasta el momento no existían estudios ambientales que demostraran los efectos de los químicos.
Andrés Zabatiero, edil de Ituzaingó y Victoriano Salazar, edil de San Miguel; vertieron duras críticas a los extranjeros que adquirieron tierras porque a partir de ahí se cerraron caminos a los que los habituales moradores siempre habían tenido acceso.
“Vienen de un escritorio a decirnos que hacer con nuestras actividades y como debemos vivir” reclamaron. Ambos relataron que familias completas de la zona debieron trasladarse tras la compra de tierras, habiéndolas habitado por un centenar de años. En ese sentido, manifestaron que el Plan de Manejo de Ecos no tuvo en consideración a los pobladores.
También Humerto Micelli, del Gabinete de Investigaciones Antropológicas, y Ana Rodríguez de Moulín, del Consejo de Veterinarios de la provincia, expresaron su rechazo. El primero se refirió a la negación del morador de los Esteros que vive allí tras ser expulsado de las comunas. La mujer fundamentó su postura y la llevó más allá, alegando que debía estarse en contra del Programa de Naciones Unidas, ya que el plan era sólo un brazo de éste.
Propusieron la conformación de una mesa de trabajo participativa, la plebiscitación de todas las decisiones vinculadas al humedal y que la Fundación Iberá – Patrimonio de los Correntinos sea la encargada de llevar adelante las gestiones.
El docente de San Miguel Miguel Zaracho relató que la escuela en la cual ejercía funciones fue desalojada ya que se encontraba en terrenos del empresario estadounidense Douglas Tompkins y expresó su incertidumbre por el futuro
Lucía Abad, en representación de la Autoconvocatoria No al ALCA, reiteró la relación existente entre el Acuífero Guaraní y el Iberá y sostuvo que la zona constituye un punto estratégico que aspira a poseer EEUU.
“De eso nada dicen las ONG y sin embargo es insoslayable hablar del agua como eje de la discusión” manifestó.
Consideró que el Estado no debía perder su poder de policía y propuso que el humedal pertenezca a los ciudadanos y que sean éstos junto al ICAA los que resuelvan sobre el futuro de la cuenca.
En similar sentido se expresaron Pierina Vallejos, por CTA; Mónica Colunga, por Frente para el Cambio; Pedro Fernández, del Polo Social; Diego Meana Colodrero, productor; Roberto Candia, de Barrios de Pie; el médico Carlos Serrano; Marisa Russo, del Foro por la Justicia y Ricardo Mathó Meabe, Osvaldo Benítez Meabe, Blas Ferrando y Daniel Filigoy por sectores productivos y sociedades rurales.

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